martes, 31 de marzo de 2020

Crítico 2.0



Hola a todos y a todas. Esta semana me ha tocado desempeñar por segunda vez el rol de Crítico.

Foto obtenida de Pixabay


Se conoce como pin parental o veto parental a una política educativa que permite que los padres puedan decidir si sus hijos acceden o no a ciertas actividades extraescolares —en particular las relacionadas con cuestiones sobre identidad de género, feminismo o diversidad sexual— en el caso de que consideren que atentan contra la conciencia o intimidad del menor. Tal resolución fue planteada por el partido político VOX e implantada por el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Murcia en septiembre de 2.019. En el futuro, se pretende expandir esta fórmula a comunidades como Andalucía y Madrid. Según los datos, algo más de la mitad de la población con derecho a voto está de acuerdo con introducir esta medida en toda España, cuando, en nuestra opinión, la mayor parte de esas actividades pueden ser de gran beneficio para educar en tolerancia al menor.

Aunque el principal objetivo de esta medida era evitar que el alumno asistiera a charlas sobre educación sexual, feminismo o en contra de la fobia hacia el colectivo LGTBI, se ha dado el caso irónico de que el menor no ha asistido a una de esas actividades —en concreto, sobre reciclaje— porque los padres han olvidado firmar la autorización, lo cual nos parece un disparate. Personalmente, entendemos que si dentro de las propias familias se educara en valores de tolerancia, de aceptación o de inclusión estos talleres no serían necesarios. Ya no solo no se lleva a cabo lo dicho anteriormente sino que, a su vez, no se permite asistir al menor a uno de estos encuentros por temor a que lo ‘contaminen’. La realidad es que el objetivo es legítimo y esta clase de sanciones por parte de los padres no deja de ser una herramienta que se les aporta desde el gobierno de la región para politizar aún más la educación.

El profesorado, por lo general, no se encuentra muy cómodo con este pin puesto que significa poner en duda la profesionalidad del docente si no la del centro escolar donde se imparte la actividad. Existen filtros o medidas de sobra en cada centro, en lo que respecta a la fiabilidad o no del educador, como para ahora imponer un pin o veto que otorga un poder a los padres que va a emplearse —sin duda— de modo equivocado. Ya de por sí el docente ha perdido autoridad como para que ahora desde la política mermen aún más esa potestad. Estamos de acuerdo en que cada familia tiene sus peculiaridades, y que la educación que debe prestarse al menor incumbe también a ésta, pero se debería volver a confiar en el profesorado de forma que no siga disminuyendo esa autoridad o confianza que siempre se tuvo en él, en el maestro. No, no nos parece una buena idea el pin parental, y menos su expansión.

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